Nuevas realidades y la magnitud de los problemas a enfrentar obligan a repensar los modos de articulación de los actores sociales frente a desafíos vastos y complejos como apuntalar la democracia y reorientar el desarrollo, sanear la justicia e invertir en la gente.

Genoveva Ocampos

La sociedad civil es también una abstracción que genera confusión o al menos se resiste a las definiciones fáciles. A primera vista ella se presenta como algo difuso, diverso o fragmentado, todo depende del dato y la perspectiva. 
La sociedad civil tiende a ser concebida en términos de lo que la distingue del resto de la realidad social. Es y ha sido objeto de muchas definiciones, ésta sería una de ellas: “trama asociativa no-estatal y no económica, de base voluntaria, compuesto por asociaciones, organizaciones y movimientos, que surgen de manera más o menos espontánea, y capaces de hacer valer sus intereses y reclamos en el ámbito público”.
La sociedad civil es el mundo de las organizaciones y asociaciones, pero también de los particularismos o de la defensa de intereses parciales o sectoriales. No es inmediatamente política, es decir, capaz de proyectarse más allá de sí hacia el plano “ético-político”, generar consensos e interés general. Para ello se requiere rescatar la política como práctica y como proyecto.

De algunas de las características de las OSC.

El universo de las organizaciones de la sociedad civil (OSC) no es precisamente homogéneo ni uniforme. De hecho, las OSC se caracterizan por la diversidad de orígenes, propósitos, marcos jurídicos y formas institucionales. A modo de ejemplo, tomemos algunos indicadores. En términos del beneficiario último de sus acciones, existen al menos dos posibilidades: los propios asociados y miembros (asociaciones gremiales, de profesionales, organizaciones comunitarias, etc.) y grupos o personas distintas a sus propios miembros (ONGs, Fundaciones, organizaciones de servicios conformadas por funcionarios, profesionales y/o voluntarios). Si se tiene en cuenta el origen de los recursos, están las que subsisten (aunque cada vez en menor medida) a partir de sus propios recursos (cuotas de sus asociados/prestación de servicios) y también las que dependen de recursos externos para su accionar (donaciones, legados, préstamos y/o partidas presupuestarias). Una combinación de fuentes es cada vez más frecuente. 
En lo que hace al marco legal, el Código Civil es el referente para Fundaciones, ONGs, organizaciones campesinas y otras asociaciones civiles sin fines de lucro y de “capacidad restringida”, mientras que el Código Laboral lo es para los sindicatos. Además, están las que se rigen por leyes específicas, tal es el caso de las cooperativas (Ley 438/94) y de las comunidades indígenas (Ley 904/81) mientras que otras son reconocidas por resolución administrativa del órgano pertinente (Juntas Vecinales, Juntas de Saneamiento, Cooperadoras de Escuela, Comités de Agricultores).
También, atendiendo a su objetivo último, están las que se rigen por el interés común (asociaciones empresariales, gremiales, de profesionales) y, las de interés social (cooperativas) y comunitario (juntas vecinales) o las que se consideran de interés público (Fundaciones, ONGs). 
Pero a la hora de la verdad, las distinciones o clasificaciones tienen una utilidad relativa, sirven para ilustrar aspectos que hacen a la identidad, sólo que, en el vasto campo de lo social, las fronteras de la identidad pueden ser algo permeables o porosas. De todos modos, la cuestión clave es y será la de cómo transformar demandas e intereses particulares, que se multiplican con el tiempo, en energía o sinergias generadoras de “interés general”. O dicho en otros términos, cómo dar cabida a los particularismos de diversa índole sin comprometer con ello el vivir colectivo o sin que éste se hunda en un proceso de destrucción recíproca.
La complejidad societal, el tenor de los males que hoy día nos aquejan y la velocidad de ciertos cambios parecen confundir los ánimos, de ahí también la creciente presencia de actitudes egoístas, de apatía, conformismo o individualismos que rehuyen la pertenencia a colectivos mayores; con ello se desperdicia capital humano y social en la búsqueda colectiva y conflictiva del bienestar generalizado.
Es también en el proceso de confrontación y articulación de intereses diversos -mutuo/social/comunitario/público- que la sociedad civil se politiza, es decir transita desde el plano “egoísta” al de la “ética política” y la gestión pública. Se construye entonces el interés colectivo y la capacidad societal para gestionar el propio destino, promover cambios de fondo, proyectarse hacia el futuro, vivir utopías.
Obviamente que el marco de referencia para la acción es y seguirá siendo, no hay de otra, la construcción de un proyecto democrático de sociedad, que hoy día parece estar a la deriva pero cuya viabilidad será plena en la medida en que sea defendido y promovido por la sociedad organizada.
Nuestra historia reciente nos indica que no basta con defender valores superiores sino que también se requiere ir construyendo en lo cotidiano, en un proceso de largo aliento y marcado por rupturas y enfrentamientos al des-orden imperante, por la conquista de nuevos espacios de organización y en el repudio a formas tradicionales de manipulación de conciencias y necesidades.
Conquistar la ciudadanía, ampliar el ejercicio de derechos ciudadanos, fortalecer las OSC no son sólo expresión de deseos, metas principistas; en tiempos de crisis implican procesos de largo aliento, que por cierto no se realizan sólo a partir de voluntades individuales. Requieren de nuevos vínculos, espacios e instancias, de dinámicas de equipo para la constante revisión de las políticas públicas, de las prioridades gubernamentales, de las agendas sociales pendientes, así como de acciones societales que obliguen y contribuyan a reorientar el rumbo de la política y la economía y a enfrentar los déficits sociales en el marco de reglas de juego democráticas y en un espacio público ampliado. Esto significa un espacio que se constituye en el lugar de la deliberación colectiva ciudadana, que ya no se reduce al accionar de políticos y burócratas.  Y claro está que la calidad del diálogo y la pertinencia de los acuerdos requerirán también de nuevas capacidades de deliberación, negociación y responsabilidad social, sustentadas en la inteligencia, creatividad, claridad de metas y objetivos. 
La hipótesis es aquí la siguiente: sin el concurso de la sociedad civil organizada será difícil salir del letargo, enfrentar los males del presente, nuestras inoperancias y el creciente desgobierno e inventar nuevas formas de convivencia ciudadanas en una sociedad cada vez más vulnerable, fragmentada y desorientada.
Se trata entonces de visualizar un futuro in-mediato dónde la democracia tenga más sustancia, dónde la gestión democrática y transparente de la cosa pública sean regla compartida, dónde las organizaciones sociales vean redituar sus esfuerzos. Más aún hoy en día, cuando la ciudadanía se proyecta a diversos campos de la vida en sociedad (Gobiernos Locales, Comunidad Internacional, DDHH, medio ambiente, sexualidad y vida afectiva, medios de comunicación, etc.), se requieren de orientaciones precisas y dotar de nuevos sentidos a la acción colectiva. Se requiere colocar en el debate público cuestiones que hacen al contenido del “buen gobierno”, a la relación ciudadanía/representación, al modo de conjugar los principios de libertad, igualdad, sostenibilidad.
En tal perspectiva, la autonomía y fortalecimiento de los actores sociales organizados dependerá en buena medida del incremento del nivel y calidad de la participación ciudadana, que ya no se limita a una dimensión simbólica (identidad) sino que también busca la solución efectiva de problemas de muy diversa índole. Por otro lado y de manera a establecer nuevos equilibrios de poder, las OSC se enfrentan al desafío de incrementar su autonomía con respecto al Estado y al sistema de partidos para crecer en fuerza y densidad.
Ahora bien, la dispersión, desinformación, y la proliferación de intereses diversos, obligan a pensar en reingenierías sociales o arreglos interinstitucionales diversos, flexibles y transparentes. Hoy día ya no es posible concebir un sujeto único y privilegiado, portador de los cambios, ni una vía rápida a la felicidad o al digno vivir en comunidad. Lo que tenemos en el terreno público es la proliferación de múltiples actores sociales que se enfrentan a la diversificación de los principios de acción y lucha y todo ello en múltiples terrenos: género, juventud, niñez, economía campesina, indigenismo, corrupción, por citar sólo algunos.
Nuevas realidades y la magnitud de los problemas a enfrentar obligan a repensar los modos de articulación de actores (alianzas estratégicas, acuerdos programáticos, incluso cogestión) frente a problemáticas vastas y complejas: apuntalar la democracia y reorientar el desarrollo, sanear la justicia e invertir en la gente. Pero no olvidemos que, si por un lado la participación social en la gestión pública deberá admitir varias lógicas y racionalidades, diversos plazos y búsquedas y el rescate de experiencias y potencialidades propias y ajenas, por el otro, la intervención estatal es y será indispensable para generar espacios e instituciones que permitan a los actores actuar con autonomía y solvencia. De otro modo, la debilidad de actores y la crisis de representación pueden durar indefinidamente.
De ahí también la necesidad de rescatar o reinventar la política, de intentar lo imposible para acumular fuerzas de manera a realizar lo posible y algo más. No se trata pues de subestimar o devaluar la política ni de pretender que la sociedad civil pueda suplantar al Estado y a los políticos sino de buscar las maneras de hacer explícitos viejos y nuevos intereses, de complementar esfuerzos públicos y privados, de encontrar los modos de combinar protesta y presión con propuestas y negociación. Si admitimos que también la sociedad civil puede mediar entre los políticos y los problemas, será entonces posible visualizar a lo que se denomina “democracia participativa” cómo la dimensión o espacio de interacciones (complementario y necesario) capaz de renovar y mejorar la democracia representativa, al menos esta sería la apuesta. 

Posibles Líneas de Acción Hacia las Organizaciones de la Sociedad Civil:· Buscar mayor impacto, legitimidad social, representatividad, capacidad de orientación y mediación a nivel societal.· Invertir esfuerzos en crear o fortalecer articulaciones interinstitucionales paraM facilitar la interlocución con el Estado, con la Banca Multilaterial (BMD) y la Cooperación Internacional para el Desarrollo (CID).· Superar actitudes reactivas y crear las condiciones para formular propuestas y estrategias capaces de incidir en la reorientación de las políticas y de la gestión pública.· Contribuir a una cultura de diálogo y transparencia y buscar los medios para asegurar la redefinición de roles, asumir la necesaria reconversión y mejorar la capacidad instalada de manera a incidir más efectivamente en la problemática del desarrollo y en la democratización del país.· Conocer, analizar y divulgar la misión y estrategias de la BMD y de la CID, los acuerdos establecidos con el Estado, sus líneas estratégicas de acción y mecanismos de operación así como las características e impactos de políticas de ajuste, en especial las reformas de la segunda generación, la reforma de la justicia, las iniciativas de tercerización de servicios en el campo de la asistencia técnica agrícola y forestal, las reformas de educación y salud, las estrategias de alivio a la pobreza.· Requerir la divulgación de documentos de la BMD de circulación restringida o no autorizados para uso público.· Impulsar proyectos de investigación aplicada a través de equipos ad hoc de profesionales de ONGs, Centros de Investigación, Universidades, en particular, aquellos que apunten a la resolución de problemas en el área social: diagnósticos participativos, perfiles de proyectos, comparación de metodologías para el rescate de experiencias exitosas y evaluación de impacto, etc. · Dar prioridad a la capacitación de recursos humanos para la gestión social como medio para el fortalecimiento institucional de las OSC, de sus capacidades y para la implementación de nuevas prácticas de gestión innovadoras.Ø Encarar procesos de capacitación en gestión social de manera más ambiciosa e integrada para que los mismos se inserten en el ciclo de producción de conocimiento: información, análisis crítico de las opciones en juego, implementación práctica, intercambio de experiencias y nuevamente capacitación en base a las lecciones aprendidas.Ø Evitar que los actores sociales se asuman y sean asumidos como consumidores pasivos de información, capacitación y proyectos puntuales o que sólo vean en la participación un requisito para acceder a beneficios políticos o materiales.Ø Incorporar como tema explícito de capacitación la democratización de las OSC, apuntando con ello a generar cambios cualitativos al interior de las organizaciones sociales (incorporar la dimensión valorativa, la ética ciudadana, el sentido de responsabilidad social para asegurar el ejercicio de derechos).· Desarrollar la práctica de la participación en: el acceso a información estratégica e implementación de proyectos, pero también en la definición de prioridades programáticas, la elaboración de planes de desarrollo local, hasta incluir la fiscalización de las políticas públicas y el control de la administración de los gobiernos locales.· Contribuir a la implementación de mandatos, a través de acuerdos programáticos interinstitucionales, de corto o largo alcance, donde la participación, transparencia y fiscalización sean procesos que se retroalimenten en aras de una mayor eficiencia y eficacia de las políticas públicas.

La sociedad civil es el mundo de las organizaciones y asociaciones, pero también de los particularismos o de la defensa de intereses parciales o sectoriales. No es inmediatamente política.

Conquistar la ciudadanía, ampliar el ejercicio de derechos ciudadanos, fortalecer las OSC no son sólo expresión de deseos, metas principistas; en tiempos de crisis implican procesos de largo aliento.

Nuevas realidades y la magnitud de los problemas a enfrentar obligan a repensar los modos de articulación de actores (alianzas estratégicas, acuerdos programáticos, incluso cogestión) frente a problemáticas vastas y complejas: apuntalar la democracia y reorientar el desarrollo, sanear la justicia e invertir en la gente.