...Marzo 1999-2000:

La consolidación democrática, la reforma del Estado y el desarrollo económico con equidad social son inviables en un estado de corrupción. ¿No será posible realizar en el Paraguay la reforma de ciertas costumbres, la moralización del sector público y de la actividad privada, al tiempo que se realiza el cambio de hombres y de sistemas legales necesarios para hacer  eficaz la lucha contra la corrupción?.

Myriam Yore
 

Entre el compromiso y la inacción

Uno de los compromisos asumidos en forma reiterativa por las autoridades gubernamentales en este tiempo, fue el de la lucha frontal contra la corrupción en todos los ámbitos de la administración pública y el castigo a los funcionarios deshonestos. Hubo medidas tímidas y parciales. Sin embargo, como en las otras reformas estructurales prometidas, un plan global de saneamiento y moralización de la gestión estatal no existió. Faltó voluntad política y faltó capacidad de ejecución.
¿Qué posibilidades reales tenía el nuevo gobierno de empezar a tomar medidas contra la corrupción? El escenario inaugurado en marzo del 99 era inmejorable, las condiciones políticas estaban dadas como nunca en la historia reciente: El apoyo ciudadano era inmenso y el sustento parlamentario mayoritario, el PLRA se mantenía en el cogobierno y la legitimidad presidencial no era discutida por nadie, excepto por el oviedismo derrotado.
Fueron los primeros cuatro meses (mientras se mantuvo sin fisuras el gobierno), el tiempo en que se pudieron tomar algunas decisiones: 
1. Se concretó el apoyo técnico del Banco Mundial para el diseño y la puesta en ejecución de un Plan Nacional de Lucha Contra la Corrupción de carácter participativo que debe involucrar tanto al gobierno como a la sociedad civil.
No obstante, una de las primeras decisiones asumidas en este contexto, es cuestionable y despierta recelos acerca de las verdaderas intenciones del gobierno: el hecho de haber nombrado Coordinador Nacional de este plan a un ex personero de la dictadura stronista, Agustín González Insfrán, en contra de las recomendaciones del propio BM, de que tendría que ser una persona con una gran legitimidad en todos los sectores sociales y políticos, "capaz de generar consensos en la sociedad y con una trayectoria pública y privada de incuestionable honestidad" (1).

2. Se elaboró un programa de gobierno que llegó a concitar un relativo consenso. El capítulo de la reforma del Estado (aun cuando el enfoque es severamente cuestionado por sectores sociales), incluye algunas medidas imprescindibles para la racionalización y la transparencia del sector público, como las privatizaciones (capitalizaciones o tercerizaciones) de ciertas empresas públicas, la modificación de la Ley del Funcionario Público, etc. En el marco de un proceso transparente y fiscalizado de reforma general del Estado, estas acciones deberían conducir a la refundación de un Estado básicamente saneado, promotor del desarrollo socioeconómico, con un cuadro administrativo profesional y eficiente, que tenga un manejo institucional y transparente de la cosa pública.
Sin embargo, hacia finales del año pasado las expectativas de la población se tornaron en decepción generalizada por la inacción del gobierno. No se habían tomado medidas concretas de implementación del programa. Y las que se tomaban iban en contra de cualquier intención de reforma. Se siguió llenando la administración pública con operadores y recomendados políticos, y siguió inmutable el abuso de los bienes y recursos del Estado en la campaña del candidato oficialista a la vicepresidencia.

El escenario inaugurado en marzo del 99 era inmejorable, las condiciones políticas estaban dadas como nunca en la historia reciente: El apoyo ciudadano era inmenso y el sustento parlamentario mayoritario, el PLRA se mantenía en el cogobierno y la legitimidad presidencial no era discutida por nadie, excepto por el oviedismo derrotado.

Asimismo siguieron golpeando con fuerza a la opinión pública denuncias de hechos de corrupción en todas las esferas y a todos los niveles del Estado, sin ninguna consecuencia para los involucrados.
Una de las pocas excepciones a la regla fue el defenestramiento y procesamiento del ex presidente del IPS, Darío Filártiga por el cúmulo de denuncias documentadas de graves hechos de corrupción durante su gestión. Aunque, lamentablemente, el gobierno lo despidió como a un gran servidor público, dándole las gracias "por los servicios prestados" al país.
Actualmente, están en tela de juicio las gestiones de algunos ministros del gabinete, como José Alberto Planás, de Obras Públicas y Comunicaciones que ha sido denunciado incluso por el entonces viceministro de Minas, Ricardo Canese, por exigir sobornos a contratistas del Estado y por autocontratar sus empresas para obras públicas; y Martín Chiola, de Salud Pública y Bienestar Social, acusado de "negligencia criminal", entre otras irregularidades, en el problema de la epidemia de dengue que afecta al país. A pesar de ello, la Cámara Baja decidió últimamente archivar un pedido de interpelación a dicho secretario de Estado. 

La ejecución de medidas sectoriales para atacar focos de corrupción en determinados ámbitos de acción estatal, como el de Aduanas por ejemplo, se orientó a disminuir la elevada evasión fiscal. Las sucesivas campañas anticontrabando, más los cambios reiterados en la Dirección de Aduanas y las barridas de funcionarios corruptos y mejoramiento relativo de controles fronterizos, se dieron más por la presión de sectores empresariales (y del Brasil) afectados por el contrabando, que como expresión de una voluntad firme, en el marco de una política anticorrupción que promueva cambios profundos en los sistemas de organización pública, atacando las causas estructurales que generan la corrupción en todo el ámbito del Estado.

Escenario actual: Impunidad rampante

Marzo de 2000. Se mantiene el discurso anticorrupción oficial pero ha sido superado largamente por la desidia e inacción de la clase dirigente. 
El Poder Ejecutivo, sometido cada vez más a presiones de grupos, no ha podido -por falta de liderazgo y firmeza- anteponer los intereses generales de la sociedad a los intereses políticos sectoriales y a los de las variadas mafias que lucran con este estado de cosas.
El espectáculo de conductas delictivas casi abiertas e impunes de quienes detentan el poder o están amparados por el poder, configura una de las facetas más groseras de un escenario caracterizado por una severa recesión económica y una alta conflictividad social, a las que no puede responder una administración desprestigiada por promesas de reformas estructurales y de atención de demandas sociales incumplidas y debilitado por la fractura de su sustentación política inicial. Ejemplos insultantes de impunidad para numerosos personajes se encuentran en todas las instituciones.

El Poder Judicial es, a criterio de los funcionarios públicos encuestados, uno de los ámbitos estatales más corruptos. Los otros son, Aduanas y el sistema de contratación de bienes y servicios por el Estado. Los obispos piden al Gobierno "signos claros que expresen abiertamente la decisión de establecer nuevas pautas de desarrollo, un nuevo modo de administrar la cosa pública y una lucha tenaz y perseverante contra la corrupción y la impunidad".

El Gobierno cumplió un año con serias denuncias sobre la gestión de altos cargos, como se citó. No obstante, todos los ministros fueron reconfirmados en sus puestos por el presidente González Macchi hasta agosto, "salvo que ocurra algún hecho de corrupción (?) o alguna falla grave en alguno de sus colaboradores que motive una destitución" (Jaime Bestard).
Por su parte, el Poder Judicial, que sigue siendo el órgano estatal más cuestionado por los elevados niveles de impunidad penal (falta de investigación y/o sanción de corruptos y corruptores, sobre todos los llamados "peces gordos"), ha recibido últimamente sendos golpes a su debilitada credibilidad.
El informe preliminar de una serie de encuestas a nivel nacional realizadas en el marco del Plan Nacional Anticorrupción y presentadas por una misión del Banco Mundial al Ejecutivo ha ratificado una antigua percepción ciudadana recogida por anteriores sondeos: el Poder Judicial es, a criterio de los funcionarios públicos encuestados, uno de los ámbitos estatales más corruptos. Los otros son, Aduanas y el sistema de contratación de bienes y servicios por el Estado.
Los resultados se conocieron al poco tiempo de que el informe anual del Departamento de Estado norteamericano sobre la cooperación paraguaya en el combate al narcotráfico, hiciera alusión a que la "corrupción judicial" en el país favorece a los narcotraficantes y pusiera al descubierto la facilidad con que la justicia liberó a un narco de envergadura, Néstor Báez Alvarenga.
En el ámbito del Poder Legislativo, la Cámara de Diputados sigue consagrando la impunidad en su seno. Mientras el contralor general Daniel Fretes Ventre procesado por unos 18 presuntos delitos, ya ha superado el primer intento de juicio político (está en marcha el segundo pedido), el ministro Martín Chiola pasó de largo una solicitud de interpelación y el intendente de Asunción Martín Burt, viene sorteando con todo éxito el tratamiento de la intervención de su administración solicitada por la Junta Municipal.
En la Cámara Baja se ha ido afirmando la tendencia a desvirtuar la esencia y función de los medios de control constitucionales que tiene el Poder Legislativo en sus manos. Caracterizada por su extrema fragmentación y por la falta de integridad moral de muchos diputados, es el ambiente favorable para la instrumentación de medios de control tales como los pedidos de intervención o destitución de autoridades locales, el juicio político, la citación e interpelación, etc, a favor o en contra de los denunciados, según convenga a los intereses (políticos o crematísticos) ya no de partidos sino de facciones y grupos en alianzas coyunturales. En este contexto se ha venido desnaturalizando la propia atribución constitucional de contralor de la gestión de los demás órganos del Estado que tiene el Poder Legislativo, utilizándola como revancha política o manto de impunidad, impidiendo en la mayoría de los casos la investigación de los denunciados por hechos de corrupción.

Desafíos en el medio plazo

El actual estado de cosas se refleja con franqueza en la reciente carta pastoral "Por un Paraguay Honesto, Solidario y Fraterno". El documento es la expresión del país que hoy no existe y que la Iglesia Católica exhorta a construir, poniendo en marcha "un plan global nacional de honestidad y transparencia". 
Los obispos piden al Gobierno "signos claros que expresen abiertamente la decisión de establecer nuevas pautas de desarrollo, un nuevo modo de administrar la cosa pública y una lucha tenaz y perseverante contra la corrupción y la impunidad".
Está claro que, la efectiva lucha contra la corrupción sigue siendo una materia pendiente del gobierno y de la sociedad y uno de los desafíos nacionales más relevantes, junto con el de la superación del estado de pobreza.
Al Poder Ejecutivo le corresponde la responsabilidad de asumir el liderazgo en esta lucha en el marco de un plan nacional creíble y viable, que integre en forma efectiva a la sociedad civil y al sector privado.
Los otros poderes del Estado, Judicial y Legislativo, deben abandonar una actitud claudicante y asumir sus roles constitucionales efectivamente para contribuir a sanear la República y darle a los paraguayos alguna chance de mejorar sus condiciones de vida. No tienen alternativa si esperan recuperar la confianza ciudadana y algún prestigio.

La consolidación democrática, la reforma del Estado y el desarrollo económico con equidad social son inviables en un estado de corrupción. Por ello, la reforma de ciertas costumbres, la moralización del sector público y de la actividad privada, el cambio de hombres y de sistemas legales y de organización favorables a la proliferación de actos de corrupción deben, si no anteceder, ser conducidos al mismo tiempo.  
Finalmente, es hora de revisar actitudes y comportamientos, en el Estado y en la sociedad civil y de aunar esfuerzos para encarar una lucha eficaz contra la corrupción.

(1) Ayuda Memoria referente a la visita de la Misión Conjunta del Banco Mundial y el Instituto Democrático Nacional, entre el 9 y el 14 de mayo de 1999, por invitación del Gobierno paraguayo, dirigida al presidente González Macchi, p. 3.