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.La
reforma del estado y la deuda social
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El Paraguay necesita una nueva visión y formas de administrar el Estado para facilitar la reactivación económica, el pago de la deuda social y el desarrollo económico social sustentable. Nuestro país se carga con el peso de dos décadas perdidas, cuyas consecuencias, algunas serán pagadas por las generaciones futuras, y, otras, quizás, quedarán con las huellas irreversibles de la irresponsabilidad política, de no haber asumido el compromiso a tiempo, de hacer las reformas.
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Dionisio Borda
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En segundo lugar se necesita un Estado más abierto a la ciudadanía. Esto no es populismo sino participación de la ciudadanía en los temas de interés. En la democracia se construye el Estado a partir de la sociedad y no viceversa. El estado democrático recoge la demanda de la gente y esta dispuesto rendir cuentas sobre lo realizado a la sociedad civil.
En tercer lugar, el estado debe coordinar mejor sus acciones y brindar mejores servicios. Dejar de hacer lo que le compete al sector privado y hacer bien lo que corresponde al dominio público, vale decir, concentrarse en temas de equidad, salud, educación, medio ambiente, seguridad e infraestructura.
En cuarto lugar, el Estado debe crear mecanismos de control apropiado e implantar un sistema de incentivos para quienes cumplen con sus obligaciones dentro y fuera de la administración pública. La protección del medio ambiente y de los grupos vulnerables así como la supervisión estricta y responsable de mercados que por su naturaleza requieren regulación, son tareas irrenunciables del Estado moderno.
Por último el Estado debe asumir en serio su función de mejorar la equidad y la política social para disminuir las desigualdades sociales y mitigar la pobreza en expansión. Estas funciones implican desarrollar nuevas capacidades y destrezas al interior de la administración pública.
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De persistir el mismo nivel de desocupación de 1997/8, en el orden de 15%, en el año 2.000 el país tendría, 350.000 desocupados en su mayoría jóvenes, y cerca de 480.000 subocupados. La oferta actual de empleo conforme a las empresas que se acogieron a los beneficios de la Ley 60/90, de incentivos para la inversión, genera en promedio cerca de 10.000 nuevos puestos de trabajo por año, con un costo promedio de US$ 31.824 por cada puesto de trabajo; si se consideran los datos del año 1998, la relación inversión/empleo, es de US$71.666 y la capacidad de generación de empleo se reduce a 7.791. Las inversiones en el sector formal y de las grandes empresas, naturalmente son de uso intensivo de capital. Si se toma, el sector público, como otra alternativa aún limitado en número, el costo por puesto de trabajo es US$ 4.350 en 1998. La capacidad de generación de empleo de la administración central es de 4.300 por año . Si se quiere reducir el nivel de desempleo, el costo, como se ha visto, es alto. Según los cálculos, estaría en el orden de 1.300 millones de dólares para bajar sólo el 11% del total de desempleo actual.
Por otra parte, si el país trata de encarar las inversiones sociales en serio para revertir sus índices muy bajos (8% de gastos sociales con relación al PIB), también necesita de inversiones fuertes. Si se pretende llegar al mismo nivel de inversión social que Bolivia (12%), el país necesita una inversión adicional de 331 millones de dólares; si pretende ponerse a la altura de la región (18%), la inversión aumenta a 857 millones de guaraníes adicionales sobre el nivel de gastos actual. Estas magnitudes de recursos para generar empleo e inversión social denotan el fin de un modelo y la irresponsabilidad de no haber encarado a tiempo los cambios. El desafío al inicio del año 2000 es claro, encarar la reforma económica sin perder de vista al actor social. Al fin de cuentas, el objetivo último de la economía es el bienestar de todos.
La continua expulsión
de la mano de obra rural, no sólo es un desperdicio de recursos
sino una amenaza social de envergadura. Para resolver este desequilibrio
en el mercado laboral, la reforma de las políticas públicas
y del estado se convierten en piezas claves para mejorar las condiciones
de demanda y oferta de trabajo en el Paraguay tanto por el lado de las
inversiones privadas como públicas.
De persistir el mismo nivel de desocupación de 1997/8, en el orden de 15%, en el año 2.000 el país tendría, 350.000 desocupados en su mayoría jóvenes, y cerca de 480.000 subocupados.